En los años de la recentralización estatal (1992-2000), se dictaron varias leyes que transferían materias de competencia de las municipalidades provinciales hacia las municipalidades distritales tales como la administración del programa del vaso de leche, la administración de los parques y la aprobación de las solicitudes de habilitación urbana. Estas medidas debilitaban a las municipalidades provinciales y, especialmente, a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en el marco del conflicto entre el Gobierno Nacional de la época con la MML.  

En ese contexto, se aprobó la Ley 26306 de 1994, mediante la cual se trasladó la propiedad de la Costa Verde de la MML a los distritos ribereños. La distritalización de la Costa Verde –área metropolitana hasta 1994– se realizó en el contexto del debilitamiento de la MML en los años noventa. El proyecto de ley sobre la autoridad autónoma de la Costa Verde en el Congreso Nacional busca recuperar los terrenos de la Costa Verde para la MML, como era antes de su distritalización.

El proyecto de ley no es confiscatorio. Los terrenos de la Costa Verde son terrenos públicos y de dominio público porque corresponden a la playa y a los acantilados. No puede haber confiscación porque estos terrenos de la Costa Verde no son terrenos privados. Una confiscación se produce cuando se da la apropiación de un terreno privado sin pagar ninguna indemnización. Quienes señalan que hay una confiscación consideran erradamente que los terrenos de la Costa Verde son terrenos privados. Las playas y los acantilados de la Costa Verde son terrenos de dominio público que por definición no se pueden vender.

Los terrenos de la Costa Verde son terrenos públicos y por ello su titularidad sí se puede trasladar entre niveles de gobierno. Por esta razón, en 1994, se transfirió esta área de la MML a los distritos ribereños de Lima y en el año de 1982 estos terrenos se trasladaron del Gobierno Nacional a la MML. Si por una ley se trasladaron los terrenos de la Costa Verde a los distritos ribereños, la MML puede recuperar estos terrenos también por otra ley como se propone.

La Constitución Política reconoce a la Capital de la República un régimen especial y éste consiste en ser una Municipalidad Metropolitana y así está regulado en toda la legislación (Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales –LOGR- y Ley Orgánica de Municipalidades –LOM-). Por su naturaleza metropolitana, la LOM establece que la MML ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima.

Lima por ser una Municipalidad Metropolitana tiene preeminencia sobre sus municipalidades distritales y éstas deben ejercer su autonomía en el marco de la regulación metropolitana.

Nuestra Carta Política reconoce autonomía a las municipalidades provinciales y distritales, señalando que éstas la ejercen en los asuntos de su competencia. La autonomía reconocida a las distritales no es absoluta sino circunscrita a sus materias de competencia, las cuales están reguladas por la ley y -en Lima- en el marco de la regulación metropolitana.

La MML, tiene según la LOM, la facultad de otorgar autorizaciones, derechos y licencias, así como de fiscalizar y de ejercer su potestad sancionadora en su jurisdicción: la provincia de Lima. El proyecto de ley propone regular esta materia en la Costa Verde como una zona de reglamentación especial.

En conclusión, el proyecto de ley no es inconstitucional ni es confiscatorio ni afecta la autonomía de las municipalidades distritales ribereñas y sí se enmarca en el régimen especial que la Constitución reconoce a Lima como Capital de la República, por el cual las municipalidades distritales de Lima ejercen su autonomía subordinadas al marco normativo metropolitano de la MML.