A propósito de los hechos acaecidos en Ancash, y que confirmarían la captura de un gobierno regional por un grupo criminal, se está construyendo una corriente de opinión contraria al actual proceso de descentralización iniciado en nuestra última transición democrática, buscando implícita o explícitamente una nueva recentralización estatal en nuestro país.  

El actual proceso de descentralización es la única reforma estatal significativa de nuestra última transición democrática y cuya iniciación, en el año 2002, implicó el consenso de todas las organizaciones políticas del país, siendo su resultado la reforma constitucional más relevante realizada a la Carta Política de 1993.

El problema del actual proceso de descentralización es haber sido la única reforma estatal significativa de la transición democrática del 2000 hasta hoy. Muchos ámbitos institucionales del Estado peruano siguen sin ser enfrentados o los intentos de reforma se detuvieron o son muy lentos. No hubo una reforma integral del Estado que acompañara paralelamente a la descentralización.

La nueva regulación del Poder Ejecutivo recién se inició con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) en diciembre del año 2007, cinco años después de iniciado el proceso de descentralización. Tampoco se reformaron –salvo el de inversión pública- los sistemas administrativos nacionales: de gestión de recursos humanos -recién abordado con la Ley del servicio civil-, planeamiento estratégico, presupuesto, contrataciones y adquisiciones, y control –éste a cargo de la Contraloría General de la República-. Todos ellos inciden directamente en la gestión de gobiernos regionales y municipalidades.

El diseño institucional del actual proceso de descentralización tuvo como objetivos explícitos en todas sus normas el garantizar que los servicios transferidos a los gobiernos regionales y locales implicaran la mejora de la calidad de estos servicios para beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas; y lograr el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Regionales y Locales a través de un sólido y permanente proceso de capacitación y de asistencia técnica.

El Sistema de Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales creado para lograr este fortalecimiento institucional se frustró: los requisitos del sistema devinieron en puramente formales, nunca se implementó un sistema de información y seguimiento que evalúe las funciones o servicios transferidos, la capacitación y la asistencia técnica a favor de gobiernos regionales y locales fue deficiente, y no se dieron recursos a las funciones transferidas ya ejercidas desconcentradamente.

El caso de Ancash pone en evidencia las debilidades de un proceso de descentralización acompañado por instituciones ineficaces o de reacción tardía

tales como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República.

El otro problema grave –y con el cual se encontró el proceso de descentralización, porque nunca fue previsto– es la gran desigualdad de recursos para la inversión pública generada por la actual regulación, especialmente, del canon y de la regalía minera. Esta distribución ha generado una gran inequidad fiscal a nivel regional y local, ya diagnosticada hace varios años.

Lo ocurrido en Ancash es un caso de manual: la captura de un gobierno con muchos recursos en un contexto de gran debilidad estatal, donde los intereses privados y criminales pueden permearse sin controles eficaces.

La actual descentralización peruana resulta siendo víctima de su propia soledad al no haber sido acompañada por una reforma estatal, política, electoral y fiscal. La solución no es la recentralización estatal. Más bien se requieren estas otras reformas que de no hacerse implicarán un altísimo costo de oportunidad para nuestro país, con el riesgo que este caso “anunciado” de Ancash se extienda en todos los niveles de gobierno estatal.